Dos legalidades coexisten en Cataluña

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MADRID/

Dos legalidades coexisten en Cataluña: la de España y la de la “República catalana” proclamada por el parlamento, afirma el abogado del presidente catalán destituido por Madrid, Carles Puigdemont, considerando que serán los ciudadanos quienes impongan una u otra.

“Tenemos un parlamento que proclama una república y por lo tanto un gobierno que dice +yo soy el gobierno del nuevo Estado+ y luego tenemos otro Estado español que dice esto que hicisteis no vale nada”, explica Jaume Alonso-Cuevillas.

El abogado habla este sábado poco antes de una breve comparecencia de Carles Puigdemont en la que llamó a oponerse democráticamente a la toma de control de Cataluña por parte del gobierno español, que destituyó a todo el ejecutivo catalán.

“En este momento tenemos dos legalidades coexistiendo”, añade el abogado.

En virtud de la llamada “ley de transitoriedad” adoptada por el parlamento catalán y suspendida seguidamente por el Tribunal Constitucional, “hay una nueva república y el presidente de la Generalitat (ejecutivo catalán) es el presidente de la República”.

“Pero conforme a la otra ley (la española), no hay un nuevo Estado y el presidente de la Generalitat ha sido cesado”, añade.

“Habrá que esperar en los próximos días si el Estado neonato tiene fuerza suficiente para imponerse”, afirma.

La clave, según él, está en los ciudadanos. “El día que haya que pagar impuestos, ¿los ciudadanos pagarán impuestos en Cataluña o en España?”, dice.

“¿Los funcionarios que reciban instrucciones van a hacer caso al delegado del gobierno en España (…) o van a hacer caso al gobierno de la Generalitat?”.

“En los próximos días y semanas se verá quién gana la partida”, insiste, estimando que la cuestión del reconocimiento internacional será “posterior”.

“Invención”

Desde Madrid, la visión es completamente distinta: “existe una legalidad y una invención” de los independentistas catalanes, afirma una fuente gubernamental.

El gobierno español intentaba este sábado tomar el control de Cataluña, menos de 24 horas después de la proclamación de la independencia que no fue reconocida por ningún país pero es un hecho sin precedentes en la historia de la España contemporánea.

Confió la gestión cotidiana de los asuntos catalanes a la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y comenzó tomando el control de la policía catalana, sospechosa de haber permitido la celebración de un referéndum de autodeterminación prohibido el 1 de octubre.

Hay acciones judiciales en curso, también contra Carles Puigdemont, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presuntos delitos de desobediencia, malversación y prevaricación al haber organizado dicha consulta.

El viernes, la fiscalía anunció la presentación la próxima semana de una querella por “rebelión”, delito pasible con hasta 30 años de prisión.

El letrado de Puigdemont señala que al menos una de las condiciones constitutivas del delito de rebelión no se cumple, porque el código penal español precisa que es necesario que haya un “alzamiento público y violento”.

“No hay de ninguna de las formas el requisito de la violencia”, considera el abogado, antes de señalar que la rebelión, equivalente en cuanto a penas al delito de “terrorismo” o “asesinato”, no se sostiene.

Por su parte, Puigdemont midió bien las palabras de su discurso el sábado, llamando a sus militantes a una reacción “pacífica” y a la “oposición democrática” a la intervención decretada desde Madrid.


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