El gobierno busca invalidar a AD, PJ y Voluntad Popular

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Eusebio Giménez, miembro del Bloque para la Defensa de la Constitución y la Democracia en Portuguesa,  aseguró que el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que obliga a los partidos políticos que no participaron en las pasadas elecciones municipales,  a  validarse nuevamente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), es ilegal.

Jiménez explicó que la ANC no puede estar emitiendo decretos que estén por encima de la Constitución, como lo ha venido haciendo hasta ahora, solamente porque quiere.

“Ni la ANC, ni ninguna otra instancia puede estar por encima de la Constitución, porque aquí hay una Carta Magna vigente y debe ser respetada, así que esa orden de que los partidos deben nuevamente validarse es ilegal”, reiteró.

Expresó,  además,  que en la Ley de Partidos Políticos se especifica que deberán validarse ante el CNE las organizaciones con fines políticos que no participen en dos elecciones nacionales, por lo que es absurdo que quieran obligarlos a validarse por no acudir a unos comicios municipales.

“Esta claro que lo que esta buscando el gobierno es invalidar a organizaciones políticas como Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia, solo para que no puedan participar en los venideros proceso comiciales, y eso es grave para la democracia”, dijo.

Indicó que en vista de esta situación, para el próximo 18 de enero los representantes del Bloque para la Defensa de la Constitución y la Democracia de los estados Lara, Portuguesa y  Yaracuy, se reunirán en Barquisimeto para evaluar acciones a ejecutar,  a fin de respaldar a las organizaciones políticas afectadas.

“La intención es ver cómo podemos  asesorar a estos partidos políticos; además, queremos analizar todo el panorama electoral que nos avecina este año, para estar preparados y no permitir abusos por parte de la ANC”, comentó.

En pie de lucha

En otro tema, Eusebio Giménez, como representante del Foro Penal para el cono norte de Portuguesa, aseguró que aunque a finales del 2017 el gobierno liberó a más 90 presos políticos, aún quedan 264 detenidos. Afortunadamente, en la actualidad en Portuguesa no existe ninguno.

“El gobierno sigue utilizando la justicia penal para procesar a los que piensan distinto y eso no puede seguir ocurriendo, por lo que desde el Foro Penal continuamos en pie de lucha para que estas personas salgan en libertad y  evitar que se siga criminalizando la disidencia”, expresó.


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