Colombia inicia proceso de rendición colectiva de mayor banda narcotraficante

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BOGOTÁ, COLOMBIA.-

El gobierno de Colombia inició las gestiones con las que busca obtener el sometimiento colectivo de la principal banda narcotraficante del país, gracias a una ley que entró en vigor este lunes y que prevé rebaja de penas.

El presidente Juan Manuel Santos, que dejará el poder en agosto, hizo el anuncio al firmar la norma con la que espera propiciar la rendición del Clan del Golfo, blanco desde 2015 de una intensa cacería militar y policial.

“Hemos tenido –con mi autorización y el señor vicepresidente y otros funcionarios y con la Fiscalía- conversaciones con abogados que representan a este grupo del crimen organizado del Clan del Golfo, para su sometimiento”, afirmó Santos en la sede de gobierno.

Según el mandatario, la organización había manifestado que apenas se expidiera la ley “se iniciará el proceso” de sometimiento.

En septiembre de 2017 el Clan del Golfo – que encabeza Dairo Antonio Úsuga (alias Otoniel) – había hecho saber el gobierno de Santos su disposición a acogerse a la justicia, tras lo cual se inició el trámite de la norma que en principio facilitaría la rendición.

De un ejército de 4.000 hombres, la banda se redujo a unos 1.800 tras los golpes propinados por las autoridades, según un balance oficial de 2017.

La ley está encaminada a posibilitar el sometimiento colectivo de bandas organizadas del crimen que confiesen delitos, entreguen bienes y rutas del narcotráfico.

Colombia es el mayor proveedor mundial de cocaína y enfrenta las críticas de Estados Unidos por el aumento de los narcocultivos, que hasta el año pasado alcanzaban 209.000 hectáreas.

Santos precisó que la ley prevé reducciones “hasta la mitad de la pena”, pero descarta el estatus político a los grupos armados que están implicados en el narcotráfico y se disputan los territorios dejados por la disuelta guerrilla FARC tras la firma de paz en 2016.

“La sujeción a la justicia en ningún caso impedirá la extradición de los miembros de estos grupos, y quienes se sometan podrán tener condiciones especiales de reclusión, pero las pueden perder si incumplen los compromisos”, advirtió el mandatario.

Además de controlar buena parte del narcotráfico, el Clan del Golfo ha sido mencionado por la fiscalía y el gobierno como presunto responsable de algunas de las muertes de activistas de derechos humanos que promueven la sustitución de cultivos ilegales, entre otras causas.

Entre enero de 2016 y el 30 de junio último han sido asesinados 311 colombianos que se dedicaban a “ser líderes sociales y defensores de derechos humanos”, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman).

Aunque el desarme de la exguerrilla comunista bajó la intensidad del conflicto armado, aún operan los rebeldes del ELN, disidentes de las FARC, paramilitares y narcotraficantes.


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